San Marcos concentra una paradoja estructural: posee una localización geoeconómica estratégica —frontera activa, conectividad natural con mercados regionales y una población mayoritariamente joven— pero mantiene indicadores persistentes de informalidad, baja productividad y limitada captación de inversión. Datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE) estiman que más del 70% del empleo departamental es informal, mientras que la productividad laboral promedio se sitúa por debajo del promedio nacional. A ello se suma una brecha institucional: municipios con escasa interoperabilidad digital, baja trazabilidad administrativa y limitada articulación entre formación técnica, financiamiento y mercado.

Este artículo plantea que el problema no es la falta de actividad económica, sino la ausencia de un andamiaje técnico-jurídico que convierta capacidades dispersas en activos productivos formales. Desde esa premisa, se analiza un modelo integral que articula telecomunicaciones, formación técnica, financiamiento regulado, gobierno digital y seguridad institucional, impulsado desde el Congreso de la República por el diputado Douglas Rivero Mérida.

¿Cómo incrementar exportaciones regionales en 52% usando zonas francas y manufactura tecnológica intermedia integrada?

Desarrollo de Entrevista

Pregunta 1. Diputado Rivero, ¿por qué iniciar la transformación desde la infraestructura digital y no únicamente desde programas sociales?

Douglas Rivero:

Porque los datos muestran que la infraestructura digital es hoy un factor productivo, no un accesorio. Según la Unión Internacional de Telecomunicaciones, un incremento del 10% en penetración de banda ancha puede generar hasta 1.3 puntos porcentuales adicionales de crecimiento económico en economías emergentes. En San Marcos, donde más del 60% de los trámites aún son presenciales, la digitalización institucional reduce costos, tiempos y discrecionalidad. No es un gasto tecnológico; es una inversión en productividad y confianza.

Pregunta 2. ¿Cómo se articula este enfoque con la formación técnica y el papel del INTECAP?

Douglas Rivero:

El INTECAP es un activo público estratégico. Su financiamiento, derivado de una contribución patronal establecida en ley, permite planificar a largo plazo. La propuesta es convertir su presencia en San Marcos en un campus técnico-industrial avanzado, alineado a demanda real: manufactura intermedia, electrónica aplicada, mecatrónica y servicios digitales. La evidencia regional indica que la formación técnica certificada puede aumentar ingresos laborales entre 25% y 40%, siempre que esté conectada a cadenas productivas formales.

Pregunta 3. En ese punto aparece AFEGUA. ¿Qué la diferencia de otros esquemas de apoyo empresarial?

Douglas Rivero:

La AFEGUA no es asistencial. Es una plataforma de conversión: convierte capacitación en activos, activos en empresas y empresas en sujetos bancarizables. Estudios del Banco Mundial confirman que las micro y pequeñas empresas fracasan menos por falta de ideas y más por ausencia de gestión, activos y acceso a crédito formal. AFEGUA integra esos tres elementos bajo un modelo verificable y escalable.

Pregunta 4. ¿Cómo se garantiza que el financiamiento no incremente riesgos al sistema financiero?

Douglas Rivero:

Aquí es clave la Superintendencia de Bancos. El modelo no propone relajar regulación, sino mejorar la información. Cuando el crédito se evalúa sobre flujos productivos reales, certificaciones técnicas y activos compartidos, el riesgo disminuye. Experiencias comparables en América Latina muestran reducciones de hasta 20% en morosidad cuando el financiamiento se articula a cadenas productivas formales y trazables.

Pregunta 5. ¿Qué papel cumple el gobierno digital municipal dentro del esquema?

Douglas Rivero:

Cumple un papel estructural. Según la OCDE, los gobiernos con plataformas digitales integradas reducen hasta en 50% los tiempos de formalización empresarial. En San Marcos, la interoperabilidad municipal permitirá que licencias, registros, pagos y estadísticas dialoguen entre sí. Esto fortalece la planificación, la participación ciudadana y la transparencia, elementos consagrados en la Constitución y en la Ley de Acceso a la Información Pública.

Pregunta 6. La conectividad requiere regulación técnica. ¿Cómo se integra el ente regulador?

Douglas Rivero:

La Superintendencia de Telecomunicaciones es fundamental. Sin espectro ordenado, estándares técnicos y fiscalización, no hay conectividad confiable. El fortalecimiento institucional permite desplegar redes seguras para servicios públicos, industria conectada y educación técnica. La evidencia internacional muestra que cada dólar invertido en regulación efectiva de telecomunicaciones multiplica el retorno de la inversión privada en infraestructura.

Pregunta 7. ¿Cómo se vincula todo esto con la competitividad y el comercio transfronterizo?

Douglas Rivero:

San Marcos puede integrarse a manufactura intermedia orientada a exportación. Datos de la CEPAL indican que los territorios que migran de exportar materias primas a productos con valor agregado duplican su ingreso por unidad exportada. Con zonas francas, talento certificado y seguridad institucional, se crea un entorno atractivo para inversión nacional y extranjera, incrementando el producto territorial y la recaudación sin elevar tasas.

Conclusión

El modelo propuesto no es sectorial ni coyuntural. Es un andamiaje técnico-jurídico que articula formación, infraestructura digital, financiamiento regulado y gobernanza institucional. Su fortaleza radica en la coherencia: cada actor cumple un rol definido y verificable. San Marcos deja de ser un territorio receptor de políticas fragmentadas para convertirse en plataforma productiva con reglas claras, capaz de sostener crecimiento, formalización y competitividad en el largo plazo. La política pública, cuando se fundamenta en datos, instituciones y legalidad, puede transformar percepción en realidad económica.

Referencias

• Banco Mundial. (2022). Small and Medium Enterprises Finance.
• CEPAL. (2021). Desarrollo productivo y brechas territoriales en América Latina.
• INE. (2023). Indicadores socioeconómicos departamentales.
• OCDE. (2020). Digital Government Index.
• Congreso de la República de Guatemala. (1985). Constitución Política de la República de Guatemala.
• Congreso de la República de Guatemala. (s.f.). Iniciativas de ley 6314, 6199, 6189, 5917, 5921, 5977.