El departamento de San Marcos concentra aproximadamente 1.17 millones de habitantes, distribuidos en 30 municipios, representando cerca del 6.8% de la población nacional (INE, 2018). Más del 65% de su fuerza laboral opera en la informalidad, mientras que el ingreso promedio per cápita se mantiene por debajo del promedio nacional, con alta dependencia del comercio fronterizo, agricultura primaria y servicios de baja productividad (Banco Mundial, 2022). Esta estructura ha reproducido un ciclo de bajo valor agregado, escasa bancarización y débil trazabilidad institucional.

Frente a este escenario, emerge un modelo que desarticula la percepción tradicional de desarrollo basada exclusivamente en transferencias sociales o inversión aislada en infraestructura. La propuesta articula formación técnica certificada, gestión de activos productivos, financiamiento regulado, gobierno digital y protección institucional de datos, bajo un andamiaje jurídico existente, pero estratégicamente coordinado desde el Congreso de la República. En este contexto, el empresario de telecomunicaciones y diputado Douglas Rivero Mérida, IX Legislatura, expone una visión integral orientada a convertir a San Marcos en un territorio económicamente trazable, competitivo y sostenible.

¿Cómo elevar el producto económico departamental en 2.1 puntos porcentuales sostenidos mediante institucionalidad productiva?

Desarrollo de Entrevista

Pregunta: Desde su experiencia empresarial y legislativa, ¿cuál es la falla estructural que impide el despegue económico de San Marcos?

Douglas Rivero: La falla no es la falta de actividad económica, sino la desconexión entre capacidades, financiamiento y Estado. Hoy, más del 70% de los emprendimientos no accede al sistema financiero formal, no por inviabilidad, sino por ausencia de historial, activos reconocidos y datos confiables. Sin trazabilidad, no hay crédito; sin crédito, no hay escala.

Pregunta: ¿Qué rol cumple la formación técnica en este modelo?

Douglas Rivero: Es el punto de partida. El INTECAP, como entidad pública autónoma financiada por contribución patronal, tiene cobertura nacional y capacidad certificadora. Guatemala gradúa anualmente más de 350,000 personas en formación técnica, pero menos del 40% logra insertarse formalmente. El modelo propone que la certificación se convierta en activo económico verificable, articulado a cadenas productivas reales.

Pregunta: ¿Dónde se integra AFEGUA dentro de esta arquitectura?

Douglas Rivero: AFEGUA no es un intermediario social, es una plataforma de estructuración económica. Su función es transformar competencias en unidades productivas formales, gestionar activos industriales compartidos y conectar esos activos con capital bancario. A nivel comparado, modelos similares en Europa del Este lograron incrementos de productividad regional superiores al 30% en cinco años (OECD, 2021).

Pregunta: ¿Cómo se garantiza estabilidad financiera y control de riesgo?

Douglas Rivero: Mediante la articulación con la Superintendencia de Bancos. El sistema financiero guatemalteco mantiene un índice de solvencia superior al 15%, uno de los más altos de la región (SIB, 2023). Al incorporar datos productivos reales —ingresos trazables, contratos, activos técnicos— el riesgo se reduce estructuralmente, permitiendo ampliar la base de sujetos bancarizables sin comprometer estabilidad.

Pregunta: Usted plantea un gobierno digital departamental. ¿Con qué propósito económico?

Douglas Rivero: Con propósito de eficiencia y confianza. Hoy, un trámite empresarial puede tardar hasta 180 días. En modelos de gobierno digital, como Estonia, ese tiempo se reduce a menos de 30 días, con impactos directos en inversión y recaudación. La digitalización municipal permite interoperabilidad de datos, control ciudadano y reducción de discrecionalidad administrativa.

Pregunta: ¿Qué papel juegan las telecomunicaciones y la protección institucional?

Douglas Rivero: Son la columna vertebral. La manufactura intermedia moderna utiliza sensores, automatización y sistemas conectados. Sin un entorno de conectividad confiable y resguardada, no hay inversión. Por ello es clave fortalecer el rol de la Superintendencia de Telecomunicaciones, garantizando estándares técnicos, espectro adecuado y protección de infraestructuras críticas. El Foro Económico Mundial identifica más de 10 riesgos digitales sistémicos que, si no se gestionan, erosionan confianza e inversión (WEF, 2023).

Pregunta: ¿Cuál es el impacto macroeconómico esperado?

Douglas Rivero: La formalización progresiva de servicios técnicos, industriales y digitales permitiría aumentar la recaudación sin subir impuestos, integrar manufactura intermedia a zonas francas y elevar el producto territorial. Estudios del BID muestran que cada 10% de reducción en informalidad puede incrementar el PIB regional hasta en 1.5 puntos porcentuales. San Marcos tiene el potencial de lograrlo si se articula institucionalmente.

Conclusión

El modelo propuesto no depende de nuevas ideologías ni de estructuras paralelas al Estado. Se sustenta en instituciones existentes, datos verificables, jurisprudencia vigente y coordinación legislativa estratégica. Al integrar formación técnica, activos productivos, financiamiento regulado, gobierno digital y telecomunicaciones, se configura una arquitectura capaz de trascender períodos políticos y generar valor económico sostenido. San Marcos deja de ser periferia para convertirse en plataforma productiva regional, con reglas claras, datos confiables y visión de largo plazo.

Referencias

• Banco Mundial. (2022). Guatemala Economic Update.
• INE. (2018). XII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda.
• OECD. (2021). Regional Development and Industrial Transformation.
• Superintendencia de Bancos. (2023). Informe de Estabilidad Financiera.
• World Economic Forum. (2023). Global Risks Report.
• Congreso de la República de Guatemala. (s.f.). Iniciativas de ley 6314, 6199, 6189, 5917, 5921, 5977.